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Suspensiones de LTD basadas en evaluaciones vocacionales: cómo impugnar las exigencias de «regreso al trabajo»

9 min de lectura Enero de 2024Por Bahman (Ben) Azimi

El papel de los evaluadores vocacionales en las reclamaciones de LTD

Cuando la reclamación de LTD de un reclamante se acerca al cambio de definición de los 24 meses, las aseguradoras suelen contratar consultores de rehabilitación vocacional para evaluar el potencial de empleo. Estos evaluadores revisan la educación, el historial laboral y las limitaciones funcionales del reclamante e identifican ocupaciones sedentarias o de tareas ligeras que afirman que el reclamante podría desempeñar. La aseguradora utiliza entonces este informe como fundamento para terminar los beneficios.

El estándar jurídico que debe cumplir la prueba vocacional

Los tribunales de Ontario han examinado con detenimiento las evaluaciones vocacionales encargadas por las aseguradoras y han concluido que muchas de ellas son jurídicamente insuficientes. Un informe vocacional que identifica ocupaciones teóricas sin tener en cuenta su disponibilidad, la posición competitiva realista del reclamante, los salarios efectivamente ofrecidos o el estado real del mercado laboral no acredita que el reclamante pueda desempeñar ninguna ocupación para la que esté razonablemente capacitado. Los tribunales exigen que la ocupación identificada sea una que el reclamante pudiera realmente obtener y desempeñar.

La capacidad funcional como filtro: Toda evaluación vocacional que exceda la capacidad funcional documentada del reclamante es inválida. Si un fisiatra ha documentado la incapacidad de permanecer sentado por más de 30 minutos, un informe vocacional que identifique el trabajo sedentario a tiempo completo como empleo disponible no podrá resistir una impugnación. Las pruebas de la capacidad funcional rigen lo que el evaluador vocacional puede identificar legítimamente.

Cómo responder a la terminación tras una evaluación vocacional

La respuesta más eficaz combina: una evaluación integral y actualizada de la capacidad funcional realizada por un terapeuta ocupacional con experiencia; opiniones médicas especializadas actualizadas que aborden las exigencias funcionales de las ocupaciones señaladas por la aseguradora; un informe vocacional de respuesta de su propio perito vocacional; y, cuando corresponda, una evaluación psiquiátrica o psicológica que confirme que las limitaciones cognitivas y emocionales impiden un empleo competitivo con independencia de la capacidad física.

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